La visión de los hijos de la Madre Tierra
por CAOI – Los Pueblos Indígenas somos hijos de la Madre Tierra. De ella provenimos y somos parte de ella desde antes de nacer y después de la muerte. En ella sustentamos nuestra identidad, nuestra cultura, nuestra organización social y política, nuestra producción y economía, nuestra espiritualidad y nuestra cosmovisión.
Nuestros sabios abuelos nos enseñaron que todos los pueblos, ayllus o comunidades provenimos de una pacarina, un lugar de la tierra de donde salieron nuestros primeros padres a crear nuestras civilizaciones. Antes de ser seres humanos, fuimos rocas o piedras del uku pacha (mundo subterráneo) y a través de las pacarinas salimos a poblar el kay pacha (superficie terrestre).
La pacarina puede ser una cueva, una laguna, una montaña, un manantial. Por ejemplo, en lo que hoy es el Perú, la cueva Capac Topo es la pacarina de los quechuas, la laguna Choclocoha es la de los chancas y el manantial de Warivilca es la de los huancas. En nuestras pacarinas practicamos nuestra espiritualidad, nuestras ceremonias de reciprocidad con la Madre Tierra.
Por eso, cuando hablamos de defender la vida nos referimos a todos los seres del planeta: animales, plantas, agua, montañas… todos son seres vivos, bienes naturales comunes que debemos cuidar para poder compartir. La Madre Tierra es, para los pueblos indígenas, una comunidad indivisible en la que todos los seres vivos nos relacionamos, dependemos unos de otros y nos complementamos. La Madre Tierra es sagrada porque es nuestro hogar, que nos alimenta y reproduce a todos los seres vivos que la conformamos. Desde nuestra cosmovisión, la Madre Tierra, nuestra Pachamama, es un ser vivo y por tanto sujeto de derechos.
Diversidad de visiones
La necesidad de proteger la vida es una demanda cada vez más amplia y diversa. Desde hace cuarenta años[1] ambientalistas, académicos y movimientos sociales vienen advirtiendo acerca de los peligros inherentes a un modelo económico basado en la extracción ilimitada de recursos que son finitos, no inagotables. No es que los países industrializados y sus empresas multinacionales ignoren el problema: saben que la vida presente y futura está en peligro, pero priorizan el lucro y fomentan el hiperconsumismo, profundizando las brechas entre países ricos y países pobres. Son los mismos que, a lo largo de la historia, han utilizado su poder económico, militar y político para expandirse e imponer su modelo civilizatorio como el único válido.
Pero el mundo, siendo uno solo y el hogar de todos, es múltiple y diverso. Y en él habitamos pueblos que, pese a todo, hemos sabido resistir la imposición del capitalismo, a esa perpetuación de la Doctrina del Descubrimiento que de las bulas papales, los “justos títulos” y el “requerimiento”[2], pasó al Consenso de Washington[3], las instituciones financieras internacionales, la Organización Mundial de Comercio y los tratados de libre comercio. La única diferencia es que ya no son carabelas sino corporaciones multinacionales las que vienen a saquear.
Somos civilizaciones distintas, con cosmovisiones diferentes. Los pueblos indígenas creemos en el diálogo, en el acuerdo, no en la imposición. Respetamos todas las culturas y exigimos en reciprocidad el mismo respeto. Por eso planteamos la construcción de sociedades interculturales y Estados plurinacionales que las representen. Sobre todas las cosas, defendemos la vida.
Occidente, en cambio, se resiste a reconocer los derechos de la Madre Tierra porque su cosmovisión es antropocéntrica: el hombre es el centro de todas las cosas, el fin absoluto de la naturaleza y el ser predestinado para dominarla. La tierra es un espacio geográfico para conquistar y un depósito de recursos para ser explotados.
Lo cierto es que las múltiples crisis –económica y financiera, climática, política– plantean la urgencia de recoger las diversas visiones y construir nuevos paradigmas. Desde los pueblos indígenas y otras culturas, junto con la modernidad científica y tecnológica de Occidente, debemos aportar nuestros saberes, conocimientos y prácticas para reafirmar la vida en diálogo y armonía con la Madre Tierra, con una perspectiva intercultural y de defensa de derechos.
Avances y desafíos
El mundo ha avanzado, formalmente, en la adopción de instrumentos internacionales. Sería largo hacer un recuento desde la Conferencia de Estocolmo, pasando por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y sus 17 Conferencias de Partes (COP) realizadas hasta la fecha, el Protocolo de Kyoto, la Cumbre de la Tierra Río ’92 y la reciente Río+20.
En los países andinos, la Constitución Política del Ecuador le dedica el capítulo VII a los Derechos de la Naturaleza (artículos 71 al 74) y el Estado Plurinacional de Bolivia cuenta con una ley al respecto: la Ley 071, decretada por la Asamblea Legislativa Plurinacional y promulgada por el Presidente Evo Morales el 21 de diciembre del 2010.
Pero la brecha entre las normas y la realidad es profunda. En Río+20 no se evaluó cuánto se había avanzado en el cumplimiento de la Agenda 21, adoptada en Río’92. Por el contrario, se intentó imponer el concepto de “economía verde”, basado en los mecanismos del mercado, como las falsas soluciones (mercado de carbono, REDD y sus variantes) que se discuten en las COP, donde los países poderosos, responsables de las mayores emisiones de gases de efecto invernadero, han condenado a muerte al Protocolo de Kyoto, único instrumento vinculante para reducir esas emisiones, que nunca fue cumplido.
En el ámbito regional, los Estados de Ecuador y Bolivia, avanzados en sus constituciones y sus leyes, mantienen el extractivismo como núcleo del modelo económico, lo que significa que en la práctica vulneran sus propias normas e irrespetan los derechos de la naturaleza. Esto demuestra que es muy importante avanzar en el reconocimiento legal de los derechos, pero el desafío para garantizar su ejercicio es cambiar también las visiones de desarrollo dominantes.
No se trata entonces de un debate nuevo ni abstracto. Desde los movimientos indígenas y sociales, la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático y Derechos de la Madre Tierra, celebrada en Tiquipaya, Bolivia, en abril del 2010[4], emitió el Acuerdo de los Pueblos, que contiene una propuesta de Declaración de Derechos de la Madre Tierra.
Derechos de la Madre Tierra
Desde los pueblos indígenas y sus organizaciones, participamos de este debate y analizamos los avances jurídicos para construir una propuesta de Derechos de la Madre Tierra. Tratándose de un ser vivo, su primer derecho es el derecho a la vida. Además:
· Derecho a mantener sus ciclos vitales, para garantizar que ella nos brinde los alimentos, medicinas y espacios para nuestra reproducción física y cultural.
· A la prevención, para evitar que sus ciclos vitales sean alterados por los impactos de las actividades extractivas, megaproyectos de infraestructura y el cambio climático producto de actividades humanas; y garantizar que sus sistemas no sean impactados por la contaminación, polución, desechos tóxicos y radioactivos.
· Al uso racional y sostenible y la no mercantilización de los bienes naturales comunes y funciones ambientales (mercados de carbono y todas sus variantes).
· Reconocimiento del agua como fuente de vida, promoviendo su uso racional, sostenible y equitativo, que garantice la conservación de los sistemas de vida y los procesos productivos, sin contaminación.
· A la no alteración del patrimonio genético natural, lo que implica restringir la producción, comercialización y consumo de organismos y material orgánico que lo alteren.
· A la restauración, regeneración y rehabilitación de sus sistemas afectados por actividades humanas.
Todo ello implica la obligación de los Estados de dar un enfoque integral a los programas de desarrollo, inversión y gestión pública, basados en una relación de armonía, complementariedad, reciprocidad y equilibrio entre todos los sectores sociales y con la Madre Tierra, a partir de una perspectiva intercultural que tenga como uno de sus ejes el diálogo de saberes.
La adopción de una Declaración de Derechos de la Madre Tierra, además, debe estar vinculada a instrumentos e instancias que vigilen su cumplimiento y establezcan sanciones a quienes la vulneren. Un planteamiento insistente de los movimientos indígenas y sociales es la creación de un Tribunal Internacional de Justicia Climática, con facultad de sancionar tanto a los Estados como a las corporaciones multinacionales.
Nuevos paradigmas
Con marchas y contramarchas, así como hemos avanzado en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, también hemos avanzado en consensuar cada vez más la idea sintetizada en la frase “cambiemos el sistema, no el clima”[5]. Son cada vez más los sectores convencidos de que el modelo capitalista no da para más y es necesario, urgente y posible sustituirlo por un nuevo paradigma civilizatorio sustentado en el reconocimiento de los derechos de la Madre Tierra y en el buen vivir entendido como diálogo, armonía, reciprocidad, complementariedad.
La tarea es materializar en propuestas concretas ese paradigma civilizatorio. Y seguir articulando propuestas y estrategias de incidencia política, participación en los espacios de toma de decisiones, movilización y debate. Cuanto más grande sea este movimiento, más cercano estará el día en que el mundo que habitamos, nuestro hogar común, albergue a todas las culturas en igualdad de condiciones y todas nos reconozcamos como hijos de la Madre Tierra, respetando sus derechos y los derechos de todos los seres vivos.
Notas
[1]La I Conferencia Mundial sobre Desarrollo y Medio Ambiente se realiza en Estocolmo en 1972. Allí se introduce por primera vez en la agenda política global el tema ambiental, que antes era patrimonio exclusivo de los científicos. Se dice que el tema ambiental repercute en el futuro del sistema. Como resultado de la Conferencia de Estocolmo se crea el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Pero, al mismo tiempo, sigue enfatizando el crecimiento económico.
[2] El Requerimiento, redactado por el jurista Juan López de Palacios Rubios en 1512, fue un texto creado en las Leyes de Burgos que anunciaba y autorizaba por mandato divino la conquista de las tierras y el sometimiento de aquellos pueblos indígenas que se negaran a ser evangelizados. El texto advertía en cada pueblo que conquistaban: sométanse a nuestro Dios y nuestro rey o serán esclavizados. La gente era arrastrada a la plaza, se les leía el texto, obviamente en español, idioma que los lugareños no conocían, y después de eso arrasaban.
[3] El Consenso de Washington es un listado de políticas económicas consideradas durante los años 90 por los organismos financieros internacionales y centros económicos con sede en Washington, como el mejor programa económico que los países latinoamericanos deberían aplicar para impulsar el crecimiento. Sus principios básicos son el libre mercado, con mínima intervención del Estado y la privatización.
[4] La Conferencia de Tiquipaya fue convocada por el gobierno de Bolivia en respuesta al fracaso de la COP15 realizada el año anterior en Copenhague, Dinamarca.
[5] Título de la Declaración de los Pueblos emitida por Klimaforum09, Copenhague, Dinamarca, 14 de diciembre del 2009, en el marco de la COP 15.
Documento elaborado por CAOI – Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas. Publicado en la Revista América Latina en Movimiento: El horizonte de los derechos de la naturaleza, octubre 2012.